También el propio alcalde, al ser informado de que se habían abierto las diligencias, se personó como máximo representante del Ayuntamiento, defendiendo la legalidad de estas actuaciones. En sus alegaciones ante este enjuiciamiento penal, Antonio Casimiro Gavira reclama que se le dé traslado cuanto antes de las actuaciones realizadas hasta la fecha para una correcta defensa, ya que «esta parte desconoce los términos de la denuncia» del portavoz local del PP, Juan Antonio Galocha. Eso sí, Casimiro Gavira explica en sus alegaciones que «teniendo en cuenta otras demandas y denuncias que ha llevado a cabo contra este ayuntamiento y este alcalde en ocasiones anteriores», consideran esta denuncia como «totalmente infundada e injustificada, utilizando la vía penal por simples disputas políticas».

El alcalde recuerda al Juzgado que debe «ser cauteloso con la presentación de este tipo de denuncias, siendo habitual que meras disputas políticas deban ventilarse en un enjuiciamiento penal», haciendo ver la idoneidad de no aceptar estas denuncias. «La simple presentación de la denuncia no debe situar automáticamente al denunciado en situación de imputado, sino que antes hay que examinar los términos de la denuncia», indica en sus alegaciones.

Al igual que hizo el regidor mairenero, el PP también se personó como parte en esta causa para acusar ratificando los términos de la denuncia que ya interpuso.

Como se recordará, se denunció que hasta una veintena de contrataciones no estaban sujetas a la legalidad por haberse realizado sin concurso ni oposiciones y beneficiando a militantes socialistas y a familiares de miembros de la Corporación. Según se denunció, los contratos se realizaron de forma «ilegal, a dedo, sin examen, sin proceso selectivo, sin publicación, en fraude de Ley».

Sin «baremo objetivo»
El PP calificó los hechos como «un caso gravísimo de contratación de familiares y allegados, en resumidas cuentas un caso más de corrupción a los que nos tiene tan acostumbrados el PSOE de Sevilla, que siempre mira más por los suyos, por su gente, que por los intereses de los ciudadanos, como en el caso de Mairena del Alcor». Los populares apoyan su denuncia, también, en un informe de la vicesecretaria general municipal en respuesta a una petición de los ocho concejales de los tres grupos de oposición (PP, IU y PA), que habían requerido información sobre la «situación de legalidad» de determinadas contrataciones laborales; en el informe se destaca la ausencia de un «baremo objetivo» para contratar.

Desde el Ayuntamiento se dijo que las acusaciones eran «falsas, oportunistas e irresponsables», indicando que todo «se ajusta estrictamente a la legalidad».