(2-Dic-2006)
Desmontan la
segunda antena de móviles
Informa: Chema Cejudo
El ayuntamiento de Mairena del Alcor acaba de conseguir un segundo éxito judicial contra las operadoras de móviles al ganar por recurso contencioso administrativo la autorización para el desmontaje de la situada en calle Ramón y Cajal, perteneciente a la operadora Vodafone. Una sentencia que ya se ha ejecutado.
El consistorio mairenero, que fue pionero en la consecución de estos requisitos judiciales para el desalojo de las antenas de móviles, se hace con la nueva victoria por las mismas razones que el pasado mes de julio avalaron la desactivación de la situada en calle Cristóbal Colón (de Amena), es decir, por tratarse de edificios catalogados fuera de ordenación urbanística. Esta circunstancia en el caso que concurre se produce debido a la altura de tres plantas del edificio cuya antena se desubica ahora, ya que en su zona sólo están autorizadas dos alturas. La planta de la discordia corresponde a las dependencias anexas en la terraza construidas por la operadora para alojar los equipos, que el juez estima incumple la normativa en vigor al sobrepasar niveles.
A pesar de la nueva victoria, todavía se halla en los juzgados un tercer expediente de desmontaje que afecta a la instalada del bloque de viviendas de calle Cervantes. Como en el caso de las dos anteriores, los vecinos del entorno tomaron la iniciativa de presionar ante el consistorio para ver cumplidos sus deseos de evacuarlas al extrarradio del pueblo, temerosos de sus efectos nocivos para la salud.
Unas ordenanzas aprobadas en pleno en 2003 (y perdidas por el consistorio en vía judicial tras recurrirlas las operadoras) que pretendían el desalojo de estas instalaciones al extrarradio se han visto vedadas en su aplicación desde entonces, aunque paradójicamente llevan camino de materializarse indirectamente a través de batallas judiciales que aprovechan vericuetos legales para penetrar.
De todos modos, en Mairena no ha habido problemas de cobertura debido al incremento de potencia en el repetidor de la compañía en camino de Gandul, legalmente instalado al igual que el de La Trocha. La ilegalidad de los repetidores plantea precisamente otra de las aristas del tema en opinión del alcalde, que no tiene claro que el perjuicio de los repetidores sobre la salud humana se sostenga con datos fiables. Para Antonio Casimiro Gavira Moreno sí lo es desde el punto de vista del agravio el que ninguno de los tres litigados poseía permiso municipal para su instalación aprovechando el vacío legal existente en el momento de su implantación, lo que les confería estatus de privilegio con relación al resto de los vecinos que sí abonan sus tasas e impuestos por las actividades que desarrollan.