(21-Mayo-2006) Construirán un monolito a las víctimas de la represión franquista

Informa: Chema Cejudo

Las primeras jornadas para el estudio y recuperación de la Memoria Histórica de Mairena del Alcor culminaron ayer viernes por la tarde con el compromiso por parte de la concejal delegada de Festejos, Cultura y Juventud, Elisabet Sosa, de promover la construcción de un monolito u otro tipo de monumento en recuerdo de las víctimas de la represión franquista en el municipio, cuya cifra se eleva a 91 si se incluyen desaparecidos, siempre según se desprende del estado actual de las investigaciones.

El de seguir investigando es otro de los compromisos contraídos por la representante del consistorio con los estudiosos, extensible a la publicación de los datos definitivos que se obtengan y la celebración de nuevas jornadas el año próximo para dar cuenta de lo que el profesor José Manuel Navarro Domínguez y el estudioso José María García Marqués consigan extraer del Archivo Militar de Sevilla, donde curiosamente y aunque en completo desorden se conserva la documentación intacta ante la falta de interés del funcionario en borrar su rastro convencidos de que sólo cumplían lo mandado.

Al hilo de estos datos se ha conseguido saber que en el pueblo la represión del estado policial franquista fue mucho más dura y contundente de lo que se conocía, excepción hecha de los familiares del casi centenar de represaliados. Aunque una cosa sí es cierta, que ninguno de ellos fue ajusticiado en el pueblo al oponerse a estos hechos el efímero presidente de la primera gestora municipal tras la entrada de las tropas, Marcelino Pérez Calvo.

A pesar de ello, y tal vez debido al sometimiento del poder civil a la comandancia militar, nadie pudo evitar el fusilamiento automático y sin juicio (contraviniendo el decreto de 18 de julio de 1936 emitido por el general Queipo de Llano) de la primera lista de 76 identificados, entre los que figuran el alcalde de la época, Antonio Delgado Sánchez, junto a su grupo de concejales y su jefe de la policía local, Manuel Delgado Vela. Sorprendentemente, en la lista también aparece el nombre de la primera de las dos féminas de que se tiene constancia de fusilamiento en Mairena, Rosario Gómez Jiménez. Eso sí, todos fueron abatidos fuera de Mairena y, según parece en principio sin implicación directa de maireneros en los hechos.

Y es que Mairena del Alcor no fue ni de lejos uno de esos 71 municipios de los 101 de la provincia de entonces que se libró de la represión, pues muy a pesar de que los hechos aún están confusos, sí se tiene constancia de una lucha social importante en los años previos con los sindicatos UGT y CNT como arietes vinculados a la actividad agrícola.

Otras vías de investigación como la que desde hace años perfila el historiador local Eusebio Pérez Puerto abundan en la conflictividad de los años previos como causante directa de la lucha fratricida en que se resolvieron los hechos a partir de 1936, concretada en amenazas, saqueos, robos, y quemas de bienes por uno u otro lado, unos hechos que llegaron a llenar de reos los calabozos municipales hasta su apertura ante la inminencia de la entrada de las tropas. Todos ellos afines a la Iglesia, como el cura Juan María Coca, que recibió la peor suerte al morir fusilado en Lora del Río. Otro episodio negro fue la participación directa de un hijo adolescente del regidor de entonces en actos delictivos contra bienes de la ermita del Cristo de la Cárcel en 1932, aunque el incidente se saldó con su puesta a disposición de la Guardia Civil por parte de su propio padre. El reflejo en la prensa de tan lamentables hechos marcó la primera aparición noticiosa del pueblo en el exterior de que se tienen noticias.

Estos episodios, sin embargo, no son compartidos por el investigador García Márquez, a quien no le consta víctima alguna por el lado de los nacionales considerando la venganza "desproporcionada". Así, García abunda en la crueldad y brutalidad innecesariamente ejercidas tras la entrega del poder a las autoridades militares, comenzando por el fusilamiento inmediato de sus precursores en un episodio que no se cerraría hasta 1941 con la condena a una multa de 500 pesetas de la época a la viuda del alcalde depuesto "por responsabilidad civil", según consta documentalmente. Y es que según sostiene el investigador, ésta junto a los rapados y paseos de mujeres, los destierros, la obligación de ingesta a aceite de ricino, o la imposición de limpiar oficinas y dependencias del nuevo régimen y sus prohombres fueron otras fórmulas de humillación y sometimiento "innecesarias" practicadas en el pueblo, sostiene.

Acto de desagravio a las víctimas
.- Minutos antes de la última de las conferencias tuvo lugar en el cementerio municipal San José un acto de desagravio y honra a las víctimas de aquellos luctuosos tiempos. Fue el portavoz municipal de IU-CA, Urbano Domínguez Romero, como heredero directo de la fuerza democrática que antes del 18 de julio de 1936 gobernaba el pueblo (Alianza Republicana), quien dio lectura a la lista de fusilados y desaparecidos que ya se conocía desde 1941 gracias a las pesquisas realizadas por la corporación de la fecha ante Capitanía General. Domínguez Romero, visiblemente emocionado, comentó cómo en ella aparecían hasta varios miembros de algunas familias que quedaron destrozadas por completo. Además, sostuvo que si esa relación había sido admitida por el propio régimen "investigando más seguro que se descubren muchos casos más que no pasaron por comisaría", aclaró, tras lo que apostó por seguir investigando.

Al final del acto, que comenzaba sobre las 7 de la tarde, se colocaron un ramo y una corona de flores ante el sepulcro que en recuerdo de estas víctimas y con restos de algunos de ellos se abre en el centro del recinto fúnebre desde que quedó integrado en él en una de sus últimas ampliaciones, ya que cuando se sepultaron los restos y como medida vejatoria no se consintió su ubicación en el interior del recinto.