(15-Mar-2004)
Los parcelistas piden que se legalicen todas las propiedades
Informa:
Chema Cejudo
Los propietarios de las 15 parcelas que se quedarán al margen de la legalidad
cuando entre en vigor la reforma de las Normas Subsidiarias aprobada por el pleno
municipal de Mairena del Alcor el pasado 16 de Febrero se resisten a la medida.
Ese es el futuro que aguarda a unos 50 propietarios de las urbanizaciones "El
Molino Romano", "La Hijuelilla", y "El Cerro de los Camellos"
cuando se ejecute el plan que ya está en estudio en la Comisión
Provincial de Urbanismo si nadie lo remedia. En la práctica, la medida
veda a sus dueños la posibilidad de poder inscribirlas en el registro de
la propiedad, por lo que tendrán que seguirse rigiendo por los documentos
mercantiles de carácter privado que firmaron al comprar. La solución
está en manos de las autoridades maireneras de urbanismo, las mismas que
han argumentado reiteradas veces la inexistencia de otra salida para estos parcelistas,
máxima que los afectados niegan.
A la situación se ha llegado tras la adquisición por estos parcelistas
de partes en unas propiedades indivisibles de 2.500 metros cuadrados, que en la
práctica se han visto segregadas. Sin embargo, lo curioso del caso es que
otras muchas parcelas adquiridas en las mismas condiciones sí consiguieron
en el pasado su inscripción en el registro como tales, sorteando así
el escollo.
Los afectados elevan a los gestores de urbanismo de Mairena su petición
de que no se les excluya de la regularización, ya que si se deja pasar
la oportunidad que llevan tantos años esperando se les condena de hecho
a la ilegalidad de por vida. Tras rechazar que no existan posibles salidas a la
situación, el portavoz del colectivo y a su vez funcionario de la Gerencia
Municipal de Urbanismo, Manuel Trigueros Moreno, pone como ejemplos de buena solución
las acometidas por municipios como Carmona o Utrera, donde para casos idénticos
se ha actuado con criterios homogéneos para todos los propietarios. "Es
lo normal" -justifica Trigueros- "pues de lo contrario no se puede hablar
de una auténtica legalización".
El origen de esta problemática se remonta en el término municipal
mairenero -como en muchos otros casos- a la etapa final del franquismo y la transición
democrática. Según los afectados, la solución más
generosa se ha dado en La Rinconada, donde además de legalizarse propiedades
de este tipo se ha previsto hasta un 16% de margen en las urbanizaciones concernidas
para posibilitar futuras segregaciones.
Los propietarios aclaran también que legalmente no es posible demoler sus
construcciones, pues el plazo de cuatro años contemplado para tal medida
ha expirado en todos los casos. Además, afirman no comprender qué
beneficio puede obtener el Consistorio dejándoles fuera de una legalidad
que sí se les reconoce a efectos de pago del IBI. Los parcelistas subrayan
la evidencia que tienen del conocimiento por parte del Consistorio de su situación,
como prueba el hecho de que figuran tanto en los inventarios catastrales como
en los padrones municipales.
Para colmo de males, denuncian que el hecho de no ser legalizados no les eximirá
del pago de las tasas especiales que se pondrán al cobro para las obras
de acometida de nuevos servicios en las barriadas, de ahí que sostengan
que la medida sólo se justifica por el empecinamiento personal del concejal
delegado de Urbanismo, Santiago Navarro Ortega, al que piden diálogo "para
resolver una situación que no beneficiará a nadie y perjudicará
a muchos". Pretenden acogerse así a las palabras del propio portavoz
del gobierno municipal socialista, que en el apartado de ruegos y preguntas del
pleno de la pasada semana respondió a las preguntas de PP y PA que estaría
dispuesto a refrendar cualquier solución que éstos fuesen capaces
de alumbrar a este problema, para el que sólo el tiempo corre en contra.
De no producirse el acuerdo, los afectados amenazan con acudir a la vía
judicial para defender unos derechos que por agravio comparativo consideran conculcados.