(5-octubre-2003)
Los ediles discrepan en la interpretación de una sentencia judicial de
tipo laboral.
Informa:
Chema Cejudo
No se ponen de acuerdo. Mientras el equipo de gobierno socialista de Mairena del
Alcor entiende que la sentencia judicial emitida por el Juzgado de los Social
nº 6 de Sevilla no es de aplicación inmediata, los trabajadores de
APRODI (Asociación para el desarrollo de disminuidos intelectuales) y los
grupos de la oposición (PP, PA, e IU-CA) entienden que la sentencia conmina
al Consistorio a reconocer a los cuatro trabajadores del organismo la misma tabla
de retribuciones fijada para los funcionarios por la última relación
de puestos de trabajo que aprobó el Ayuntamiento pactada con el sindicato
UGT, mayoritario en el Comité Laboral.
El fallo del tribunal, fechado el pasado 1 de julio, fue dado a conocer a los
ediles de la oposición en la comisión informativa previa al pleno
del pasado día 3, si bien tanto el alcalde, Antonio Casimiro Gavira Moreno,
como su portavoz municipal, Santiago Navarro Ortega, entienden que antes de la
ejecución -si finalmente procede- hay que esperar la sentencia del Tribunal
Contencioso- Administrativo, ante el que fue recurrida la sentencia argumentando
que los trabajadores plantean una reclamación laboral que no les pertenece,
ya que se contemplaba sólo para los funcionarios, en tanto ellos son trabajadores
laborales fijos de un patronato municipal. En el recurso se sostiene además
que los trabajadores aprovecharon para plantear la reivindicación de aumento
en sus retribuciones un resquicio legal que posteriormente fue subsanado por el
pleno de manera expresa. Se trata del segundo fallo judicial que se produce por
este litigio, pues ratifica a otro anterior de 18 de noviembre de 2.002. Es por
ello que los grupos de oposición y los trabajadores afectados entienden
que ya no es posible admitir más recursos por el caso ante ninguna instancia,
procediendo sólo su ejecución.
Pero con independencia de lo que ocurra finalmente en este asunto de la homologación
con los funcionarios, el regidor municipal aseguró que habrá que
replantearse el futuro de APRODI en un plazo no muy largo de tiempo, ya que dentro
de su dentro del equipo de gobierno no existe satisfacción con el funcionamiento
del patronato, en especial en lo relativo a la consecución de objetivos
y evolución de los niños. Gavira justificó en este sentido
la retirada de subvenciones que ha sufrido el centro recientemente por parte de
la Junta, al tiempo que se quejó de lo gravoso que resulta mantenerlo exclusivamente
con fondos municipales.
En esta misma línea se expresó durante el debate el concejal Delegado
de Personal, Antonio Soria Ponce, para quien los trabajadores han actuado de mala
fe acudiendo a la vía judicial cuando se les planteó una negociación
previa partiendo de la base de una subida lineal del 10%.
Estos asertos fueron replicados por el edil de IU-CA José Carlos Copete
Sánchez, quien asegurando conocer el trabajo de estos profesionales por
la similitud de su actividad laboral, hizo una defensa del trabajo humano que
desarrollan, denunciando la escasez de medios con la que cuentan.